Senado de la República prohíbe matrimonio forzado infantil en comunidades indígenas
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El Senado desempolvó una reforma constitucional que había sido congelada por casi un año, para prohibir el matrimonio forzado de niñas, adolescentes y mujeres en comunidades indígenas que por sus usos y costumbres, hasta ahora, lo han permitido.
De manera unánime con 74 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la reforma al Artículo 2 de la Constitución sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El tema fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea discutido y, en su caso, avalado.
Las cifras de matrimonios forzados son alarmantes. Tan solo en Guerrero se contabilizan 300 mil matrimonios forzados en comunidades con usos y costumbres.
La reforma indica que debe respetarse el interés superior de niñas, niños y adolescentes sin que pueda justificarse lo contrario en términos de usos y costumbres de los pueblos originarios, comunidades donde el matrimonio infantil en México es una práctica común.
“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres”, señala la redacción recién aprobada del artículo 2.
En México, según datos del censo de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el 2020 al menos 27.800 adolescentes pertenecientes a pueblos originarios de entre 12 y 17 años se encontraban casados o unidos, y los estados con mayor número de mujeres unidas o casadas menores de edad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
“Este dictamen propone garantizar la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, muy en particular de indígenas, para evitar uniones forzadas de menores de edad por usos y costumbres”, señaló el senador Rafael Espino, del partido oficialista Morena, durante la explicación del dictamen en el pleno del Senado.
Los dramáticos testimonios que acompañaron el debate.
Geovanna Bañuelos de la Torre, jefa de la bancada del Partido del Trabajo (PT), ofreció un testimonio de una niña de 11 años en Chiapas que logró huir antes de ser vendida por su padre con fines de matrimonio.
«Cuando escuche que me llegaban a apartar, vi como tomaban trago para celebrar el acuerdo, en la fecha de cerrar el trato había listos unos puercos y unas despensas a cambio, huí, tenía mucho miedo y luego mucha culpa de que lo que me pasara fuera por haber huido de mi comunidad», precisa el testimonio.
La petista afirmó que en regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero persisten practicas que atentan contra toda libertad de decisión, incluso dijo que niñas quedan embrazadas y son obligadas a casarse con sus violadores.
Adolescentes casi niñas son negociadas por sus padres siendo obligadas a casarse aunque ellas o ellos no quieran, ante lo cual los progenitores reciben dinero o los intercambian por animales (caballos, cerdos o vacas), todo ello regido bajo su esquema de usos y costumbres, detonando así un drama para dichos menores en la región Altos de Chiapas entre las comunidades indígenas.
Una dolorosa y terrible realidad confirmada por Octavio Zunún Aguilar, dirigente de una organización indígena en la región Altos de Chiapas, en entrevista para el Heraldo de Chiapas, confirmó que efectivamente en esa región y más específicamente en el municipio de San Juan Chamula aún se llevan a cabo éstas bodas forzadas, donde pequeñas aun de 11 o 12 años son obligadas a casarse con hombres adultos, e incluso a veces aún desde muy pequeñas los propios padres las empiezan a negociar o comprometer y ya cuando crecen las o los obligan a contraer nupcias con algún hombre aunque éste no sea de su agrado.
Pero en México, soplan vientos de cambio y transformación social. El dictamen en cuestión fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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